Las competencias de los juzgados de familia

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Las competencias de los juzgados de familia

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¿De qué temas se puede hacer cargo un abogado de divorcios en Toledo especializado en familia? Dicho de otro modo, ¿cuáles son las competencias de los llamados juzgados de familia? Lo vemos a continuación.

Según el ordenamiento jurídico español, los asuntos de familia se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción al igual que otros asuntos del ámbito del derecho civil. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el de familia tiene una serie de particularidades que lo distingue de otras ramas del Derecho. Son las siguientes:

  • Primacía del interés superior de la familia más allá del interés individual de la persona.
  • Limitación de la autonomía de la voluntad.
  • Indisponibilidad de los derechos y los deberes familiares.
  • Presencia de un fundamento ético en una parte de su regulación.
  • Mayor vinculación entre los derechos y los deberes reconocidos en el ámbito de la familia.

A la luz de todo lo anterior, en Abogados Divorcio Express te recordamos que existen una serie de Juzgados de Primera Instancia especializados en el conocimiento de asuntos de familia. A día de hoy, solamente existen este tipo de órganos judiciales en algunas ciudades. En España existen unos 70 Juzgados de Familia localizados en aproximadamente la mitad de las provincias españolas.

La especialización como aspecto clave

La especialización de la que hablamos se refiere sólo al órgano judicial. Es decir, no existe una especialización de los jueces y magistrados que prestan sus servicios en estos juzgados como sí ocurre en las materias contencioso-administrativa, social, mercantil o de menores.

En este contexto, distintas voces defienden una generalización de la especialización de los Juzgados de Familia. Los motivos son:

  • Afrontar de forma adecuada las características específicas del Derecho de Familia.
  • Mejorar la respuesta judicial. Que el profesional tenga una profunda formación y experiencia en la materia garantiza la calidad de las resoluciones judiciales y el establecimiento de criterios uniformes.
  • Extender la respuesta judicial especializada a todos los ciudadanos.
  • Facilitar la formación en la materia de jueces y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.
  • Garantizar la concurrencia de recursos sociales de apoyo al juzgado.
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